El debate | Reinstaurar la mili en España: ¿sí o no?
En varios países de la UE gana enteros la posibilidad de recuperar el servicio militar obligatorio dentro de las nuevas necesidades de defensa. Desaparecido en España hace 24 años, ahora ha vuelto a la conversación pública

En un mundo sometido a nuevas tensiones y enfrentamientos, el servicio militar obligatorio vuelve a estar sobre la mesa. De los cerca de 85 Estados con alguna forma de mili obligatoria (al menos para los hombres), ya son 22 los países europeos que hoy la tienen, nueve de ellos de la UE. El debate también ha resurgido en España, donde la recluta universal desapareció en 2001 y donde ahora habría que analizar si incorporaría a las mujeres, que hoy suponen el 13% de las Fuerzas Armadas.
Laureano García, exdirector general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, defiende rescatar un sistema mixto con militares profesionales y de reemplazo. Para Manuel de la Rocha Rubí, presidente del Movimiento por la Paz (MPDL), la mili es propia de un pasado superado.
Soldados de reemplazo, una conquista democrática
Laureano García
Recuperar la recluta universal favorecería la implicación de los españoles en los asuntos de defensa, que es una tarea de todos, pero, en las actuales circunstancias, antes que una militarización exprés de la población civil necesitamos un proceso de mentalización colectiva para dotar a las Fuerzas Armadas de los medios para cumplir su función en el presente estado de desorden internacional. El servicio militar aporta otros beneficios, pero las batallas no se deciden hoy por tener más o menos soldados, sino por el nivel tecnológico de los sistemas de armas y de su empleo táctico en escenarios de guerra híbrida.
El servicio militar puede socializar el conocimiento de las necesidades de la seguridad nacional, fortalecer la cultura de defensa y, si se organiza con cabeza y medios, resultar útil también para la operatividad de los ejércitos, que son organizaciones complejas con una amplia gama de tareas, muchas de las cuales pueden ser ejecutadas por personal de reemplazo.
Si el proceso de decisión sobre el servicio militar se hiciera en una campana de vacío, habría pocas dudas sobre su conveniencia porque, además de los aspectos militares, supone una escuela de convivencia, amplía el conocimiento de la diversidad de España, y contribuye a la vertebración de un proyecto común y compartido. Pero… somos hijos de nuestra historia, y cualquier propuesta de servicio militar choca ahora con los tópicos de la memoria/leyenda de las “historias de la mili”. El rechazo que se aprecia en la reciente encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER es, en parte, consecuencia de la demagogia y de las noticias falsas sobre el servicio militar, y refleja la comprensible resistencia a aceptar una obligación personal, más costosa que pagar a otros (los militares) para que lo hagan por nosotros.
Aunque no estemos ante un toque a rebato, se han encendido alarmas en el panorama internacional que nos alejan del anhelado sueño de un mundo en paz y libertad basado en el derecho internacional, y cunde una vaga sensación de inseguridad que quizá aconseje ralentizar ahora cambios en la legislación sobre el servicio militar para evitar el riesgo de adoptar medidas excesivamente coyunturales, pegadas al presente, en detrimento de la definición de un sistema estable y duradero que vertebre hacia el futuro la organización de unas Fuerzas Armadas de carácter mixto, con militares profesionales y de reemplazo, algo que debería hacerse con una perspectiva anticíclica.
Ese modelo de Fuerzas Armadas, con militares profesionales (de general a soldado y marinero) y de reemplazo, que es el que entiendo idóneo para España, fue aprobado por amplísima mayoría como ley orgánica en el Congreso en diciembre de 1991, pero luego, tras el triunfo del PP en 1996, Jordi Pujol, con la investidura de José María Aznar en su mano, sentenció: fins aquí hem arribat, es va acabar. Y así, el primer presidente de Gobierno del PP hizo de la necesidad virtud, que diría Pedro Sánchez, y mandó al desván la ley que antes había apoyado sin reservas. En 2001 acabó la breve historia de un modelo flexible de servicio militar que, probablemente, hubiese resultado social y psicológicamente útil en la actual situación.
¿Hay que desempolvar la ley de 1991 y reimplantar el servicio militar? Mirando adelante, sería conveniente retomar de aquella norma la voluntad del legislador y buscar el mayor grado de acuerdo posible para diseñar un proyecto de servicio militar flexible compatible con la estructura actual de las Fuerzas Armadas, que abra el cauce al ejercicio del derecho y el deber constitucionales de defender España, un compromiso personal con la defensa de la soberanía nacional, las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
Con las cautelas apuntadas, me parecería positivo recuperar el servicio militar por recluta universal, que no es un invento de los militares, sino una conquista democrática que parte de la Revolución Francesa, para que los ciudadanos participen en el mantenimiento de su seguridad, no porque no podamos dejar la guerra en manos de los generales, como decía Clemenceau, sino porque no debemos echarla solo sobre las espaldas de los militares. Al final, como dice Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios.
Un paso atrás que debemos evitar
Manuel de la Rocha Rubí
La estrategia ReArm Europe que impulsa la Comisión Europea está abriendo en algunos países el debate de recuperar el servicio militar obligatorio. Dos ideas cabalgan juntas: rearmar Europa —en la práctica, rearmar a los Estados— y volver a las levas de soldados no profesionales, sistema que en España fue eliminado en 2001 y que en la UE solo se mantiene en nueve países. Este debate es una nueva manifestación de la cultura de la militarización que se está pretendiendo introducir en las sociedades europeas. La inevitabilidad de la guerra, para la que Europa estaría preparada en 2030, según la propia Ursula von der Leyen, es un discurso que resulta urgente contrarrestar.
Las tensiones en la relación transatlántica, la guerra en Ucrania y el auge de movimientos ultranacionalistas en Europa suponen un grave desafío para los valores de paz, derechos humanos y democracia en los que se fundamenta la UE, que se creó para la paz tras dos guerras mundiales y millones de muertos en su territorio, con el objetivo de que tal horror no se volviera a repetir. Y en ese proceso de construcción y afirmación de la paz la mayoría de los países de la UE eliminaron la mili.
Como señala Habermas en un artículo en EL PAÍS, en la “abolición del servicio militar obligatorio se refleja un proceso de aprendizaje con el trasfondo de la historia universal”, la convicción nacida de que la solución de los conflictos internacionales a través de la guerra “solo puede ser abolida paso a paso”. Su hipotética recuperación sería un paso atrás que debemos evitar.
El contexto actual amenaza la democracia social y los derechos fundamentales, y pone en riesgo la estabilidad social y política en España y en el resto de Europa. La percepción de nuevas (viejas) amenazas está derivando en que los Estados están tomando medidas, siempre desde la perspectiva del rearme militar, para reforzar sus capacidades defensivas. La historia demuestra que la confrontación y la amenaza militar no aseguran la paz, y que la disuasión “no puede constituir una base duradera para la paz, la estabilidad y la equidad de la comunidad internacional”, como afirmara Olof Palme, sino la “seguridad compartida” para todas las partes.
El servicio militar obligatorio participa de esa militarización del discurso público de que la guerra es una solución viable a los problemas internacionales, en oposición al fomento de la cultura de paz, en la que destacan como elementos troncales la diplomacia y la construcción de relaciones basadas en la cooperación, la confianza y la empatía entre individuos, comunidades y naciones. La educación para la paz, herramienta fundamental en las sociedades para promover los valores de paz, resolución de conflictos y derechos humanos, y la cultura de la no violencia se verían seriamente cuestionadas. Parece obvio, además, que las guerras en la actualidad tienen otras prioridades estratégicas más relacionadas con los avances tecnológicos que con los efectivos humanos. Por tanto, el reclutamiento ciudadano masivo no puede ser el objetivo principal de esta medida, a no ser que de lo que realmente se trate sea de sensibilizar a las sociedades sobre la necesidad de la militarización, la militarización del pensamiento mediante el miedo y la inseguridad, que nos lleva de nuevo al si vis pacem, para bellum.
Reinstaurar el servicio militar en España implicaría destinar importantes recursos económicos y humanos para ello. Tendría una incidencia directa en áreas prioritarias como la sanidad, la educación y los servicios públicos —Alemania ya ha anunciado un recorte en cooperación y el Reino Unido además en gasto social—. Y su aceptación parece más que dudosa, ya sea por la ausencia de una amenaza militar directa o por la experiencia histórica con el servicio militar. La sociedad española no parece percibir esta medida como algo indispensable, ni siquiera deseable. Según encuestas recientes, una del Instituto DYM y otra de 40 dB. para EL PAÍS y la SER, el 31,7% y el 35%, respectivamente, de los españoles apoyarían reinstaurar la mili obligatoria, frente al 68,3% y 58% que estarían en contra. La mili es un elemento del pasado, ya superado, y una parte significativa de la sociedad se opone a su reintroducción. El movimiento pacifista está convencido de que hay alternativas para avanzar hacia la paz y no es la escalada militarista.
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